La organización llama a garantizar transparencia, debido proceso, motivación de las decisiones y cumplimiento del mandato constitucional de paridad.

La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) expresó este lunes su preocupación por las renuncias de cuatro magistrados y magistradas de la Suprema Corte de Justicia a someterse al proceso de evaluación convocado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), al considerar que este hecho constituye una señal institucional que debe ser analizada y atendida para fortalecer la confianza en el sistema de justicia.

Durante una rueda de prensa, la organización recordó que la evaluación de desempeño de los jueces y juezas de la Suprema Corte es un mecanismo previsto por la Constitución para fortalecer la legitimidad del Poder Judicial, por lo que debe desarrollarse con pleno respeto al debido proceso, la independencia judicial, la objetividad, la transparencia y la motivación de las decisiones.

La ROI señaló que, si bien respeta plenamente el derecho de cada magistrado o magistrada a decidir sobre la continuidad de su carrera judicial, resulta necesario reflexionar sobre las condiciones institucionales que rodean el proceso cuando jueces y juezas con una larga trayectoria prefieren concluir anticipadamente su servicio antes que someterse a la evaluación constitucional.

“Cuando personas que ocupan las más altas responsabilidades dentro del Poder Judicial deciden retirarse antes de ser evaluadas, corresponde preguntarse si el sistema está generando las condiciones necesarias para fortalecer la confianza en este mecanismo constitucional y para incentivar la permanencia del talento, la experiencia y el liderazgo judicial.”

La organización destacó especialmente la decisión de las magistradas Nancy Salcedo Fernández y María Garabito Ramírez de no participar en el proceso de evaluación. Recordó que ambas forman parte de un Poder Judicial que apenas en diciembre de 2025 incrementó a cinco el número de mujeres integrantes de la Suprema Corte de Justicia, aunque esa representación continúa siendo insuficiente frente al mandato constitucional de participación equilibrada entre mujeres y hombres. Asimismo, consideró que la magistrada Nancy Salcedo Fernández representaba una posibilidad histórica de que, por primera vez, una jueza de carrera presidiera la Suprema Corte de Justicia.

La ROI recordó que estas preocupaciones no son nuevas. Explicó que durante el proceso anterior de evaluación y designación de integrantes de las altas cortes presentó observaciones al reglamento, promovió criterios objetivos de evaluación, elaboró una Guía de Entrevistas para aspirantes y reclamó mayor transparencia y motivación de las decisiones. También advirtió que determinadas prácticas podían terminar desincentivando la participación de jueces y juezas en futuras evaluaciones.

En ese sentido, la organización indicó que los acontecimientos actuales obligan a revisar aquellas advertencias y reiteró que la evaluación judicial debe fortalecer la carrera judicial y la confianza en las instituciones, nunca generar incertidumbre sobre la permanencia de quienes han dedicado décadas al servicio de la justicia.

La Red también llamó la atención sobre la transparencia del Consejo Nacional de la Magistratura. Si bien valoró que recientemente se publicaran las actas correspondientes a los procesos de designación de jueces de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral celebrados en diciembre de 2025, consideró que dichas publicaciones continúan siendo insuficientes porque no permiten conocer las razones que fundamentaron las decisiones adoptadas ni el contenido de las deliberaciones del Consejo.

“La transparencia no consiste únicamente en publicar documentos. Significa permitir que la ciudadanía comprenda por qué se toman las decisiones públicas y pueda verificar que estas responden exclusivamente a criterios constitucionales, legales y objetivos.”

Finalmente, la ROI exhortó al Consejo Nacional de la Magistratura a conducir el proceso de evaluación con absoluto respeto a la Constitución y al Estado de derecho, garantizando reglas claras, criterios objetivos y verificables, decisiones debidamente motivadas, igualdad de trato para todas las personas evaluadas, observación ciudadana efectiva y el cumplimiento del mandato constitucional de paridad.

La organización concluyó afirmando que la legitimidad del proceso dependerá, sobre todo, de la confianza que genere en la ciudadanía y de su capacidad para fortalecer la independencia judicial y la carrera judicial en la República Dominicana.